El control social es el derecho y responsabilidad de los ciudadanos para participar, ya sea de forma individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la supervisión de la gestión pública y los resultados obtenidos, conforme a la normativa vigente y a la correcta utilización de los recursos y bienes públicos. El concepto detallado se encuentra en los artículos 60, 61 y 63 de la Ley 1757 de 2015.*
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